En conmemoración al Día Nacional de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cada 3 de mayo, organizaciones de y para personas con discapacidad externaron su la preocupación ante el deterioro de la institucionalidad por parte del ministerio público que debe promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población con Discapacidad.
Preocupados ante el “Estado de Excepción” o “Régimen de Excepción” decretado por la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele, las organizaciones tienen contemplado que al menos tres personas con discapacidad han sido detenidas arbitrariamente y sin consideración a su condición de discapacidad.
Asimismo, condenan que personas con discapacidad han sufrido maltratos y amenazas por parte de agentes de seguridad pública y militares, por tanto; rechazamos rotundamente las detenciones arbitrarias y abusos a personas con discapacidad, pese a que sus familiares han mostrado evidencias de la condición.
Entre los casos a destacar están el de; Christian Alexander Machado Maradiaga, estudiante, con discapacidad intelectual y alumno de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, departamento de la Libertad, detenido arbitrariamente y luego liberado por la presión social.
El Caso de Walter Díaz, persona sorda, detenido en el municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate, y trasladado al Centro Penal “La Esperanza” (Mariona).
Con total indignación condenamos el asesinato Oscar Alfredo Gallegos, persona con discapacidad psicosocial (mental), originario del municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas; detenido y asesinado mientras guardaba prisión en el Centro Penal “La Esperanza” (Mariona).
En los tres casos que se vuelven ejemplarizantes, ha sido evidente las arbitrariedades en la detención, las faltas al debido proceso. También lamentamos la falta de acompañamiento de parte del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien, desde hace un año, nos ha negado una audiencia para externar nuestras demandas, hasta el día de hoy, no se ha garantizado los ajustes de procedimiento, tal y como lo establece la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad.
Por todo ello, demandamos:
Al presidente de la república Señor Nayib Bukele:
Cumpla con su obligación constitucional a la brevedad, formulando el Reglamento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad -LEIPCD; asegurando la participación efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que les representan.
Instruya a su gabinete degobierno para que las secretarías del Estado asuman sus responsabilidades, adopten medidas, mecanismos y presupuestos para la inclusión de las personas con discapacidad;
Asimismo, instruya a que cumplan con diligencia sus responsabilidades al hacer parte del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con discapacidad -CONAIPD.
A la Asamblea Legislativa:
Cumpla con responsabilidad su mandato legislativo e inicie el proceso de la armonización de la legislación nacional, en conformidad con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo, y en consideración a las Observaciones al Estado salvadoreño por parte del Comité de Expertos de la ONU, emitidas en el último examen de cumplimiento de dicha Convención (2019).
Al Órgano Judicial:
En cumplimiento de su mandato, agilice la emisión directriz para que se apliquen medidas y mecanismos que garantice a las personas con discapacidad el acceso a la justicia, el debido proceso y la pronta y debida justicia.
Al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad –CONAIPD:
En su calidad de ente rector de discapacidad con autonomía, ejersa la rectoría a partir de las atribuciones conferidas en la Ley Especial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
Que observe el debido respeto a la participación de la sociedad civil representada en el Consejo, tanto en el Pleno como en el Comité Técnico;
En su calidad de ente rector autónomo asuma su mandato con la debida responsabilidad diligenciando al presidente Nayib Bukele la formulación y aprobación del Reglamento de la Ley, así como en el pleno del Consejo la formulación de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y se incluya la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que les representan;
Establezca con diligencia las coordinaciones interinstitucionales y el diseño de un plan específico para que el país cuente con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad;
Se diseñe un plan de acción y presupuesto para la pronta instalación del Tribunal Sancionador;
Emita directrices claras a las entidades públicas de manera que se garantice la inclusión de las personas con discapacidad, además vigile y supervise la implementación de políticas, programas y proyectos asegurando que no vayan en detrimento de los derechos de las personas con discapacidad;
Agilice el diseño de un plan de acciones estratégicas para el monitoreo y la supervisión del cumplimiento a la ley, y formule un presupuesto acorde a las exigencias de su mandato.
A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos/PDDH:
El fiel cumplimiento a su mandato, un papel más proactivo en su labor de observador y vigilante de derechos humanos éste colectivo en las sesiones Pleno y Comité Técnico del CONAIPD;
Atienda con responsabilidad y diligencia su mandato de vigilar al Estado en el cumplimiento de los derechos humanos de personas con discapacidad;
En el marco del régimen de excepción, demandamos:
Se garantice el acceso a la justicia, el debido proceso y los ajustes de procedimiento respectivos, tal y como la LEIPCD lo establece;
A las autoridades civiles, judiciales, policiales y militares se respete la dignidad humana de todas las personas sin distinción, incluyendo a las personas con discapacidad.
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