Personas con discapacidad exigen al Órgano Ejecutivo respeto y cumplimiento a sus derechos

Con motivo a la conmemoración del Día Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad, organizaciones de y para personas con discapacidad exigen al Presidente de la República, Nayib Bukele, y a su consejo de ministro del Órgano Ejecutivo el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, la cual entró en vigencia en enero del corriente año.

Las personas con discapacidad reiteramos la lucha reinvindicativa por los derechos de nuestro sector, en un contexto que profundiza la situación crítica y de vulnerabilidad de nuestros Derechos Humanos.

Respaldados en nuestro derecho constitucional de libertad de expresión y libre asociación, para manifestar la creciente preocupación por el incumplimiento de la actual Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad lo siguiente:

1. Incumplimiento del artículo 135 de la Ley Especial de Inclusión, el cual establece que es responsabilidad del Órgano Ejecutivo la   elaboración del Reglamento que permite operativizar la Ley en todos los niveles de las instancias del Estado y que a la fecha no han demostrado interés y voluntad política, para la elaboración participativa y consultada con las organizaciones de personas con discapacidad.

• Incumplimiento del artículo 10 de la Ley Especial de Inclusión por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sin garantizar que el Presupuesto General de la Nación 2022, contenga recursos para la aplicación de esta Ley, desde las diferentes instituciones del Estado, ya que una Ley sin presupuesto no garantiza la inclusión.

• Incumplimiento del CONAIPD sin asumir su papel de institución autónoma, rectora y contralora de las instituciones públicas conforme a las obligaciones que le dicta la ley, pues su papel es asegurar que el Estado defina la política pública, asimismo, que asegure su aplicación a través del respectivo seguimiento y dar cumplimiento a política.

De igual, manera asegurar que los planes, programas y proyectos sean congruentes con la normativa, emitir las directrices y lineamientos que den operatividad en conformidad con la normativa y en armonía con la Convención de ONU y la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, asegurando además la participación efectiva de las personas con discapacidad, y de las organizaciones que las representan.

• Asimismo, le recordamos al Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad que es su deber  establecer observancia y exigencia a las instituciones  del sector público el cumplimiento de derechos como: salud integral, trabajo, educación, acceso a la justicia, protección social, la creación de los centros de atención para el desarrollo y autonomía a través de las municipalidades, el desarrollo de un sistema de protección civil inclusivo y la creación del registro nacional de personas con discapacidad, entre otros, aspecto que están contenidos en la ley.

• Exigimos que el Presidente del CONAIPD, Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza, ViceMinistro de Salud, inicie de manera urgente la Convocatoria para la conformación e instalación del Tribunal Sancionador establecido en la Ley Especial de Inclusión, y el cual se dote de recursos inmediatos para hacer posible su instalación de tal manera que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 137, y este entre en funciones el primero de enero de 2022.

Por otra parte, hacemos el llamado a las instituciones como La Corte Suprema de Justicia, la Universidad de El Salvador, universidades privadas, y organizaciones de la sociedad civil que con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos propongan ante el CONAIPD ternas para miembros propietarios y suplentes, que también integraran el Tribunal Sancionador.

Exigimos al Órgano Legislativo, cuya deuda pendiente es la armonización de las leyes nacionales conforme a la Convención, para ello fueron emitidas, y que subsane las observaciones del Comité de la ONU a los informes de país

Exigimos al Órgano Judicial garantice el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, con ello es fundamental que se cuente con programas de formación a los operadores de justicia, protocolos de actuación, medidas para la accesibilidad, y mecanismos para garantizar ajustes de procedimiento, entre otras.

Finalmente hacemos un llamado de unidad y a la acción organizada de las personas con discapacidad en general, y tomar postura crítica para exigir fuertemente el cumplimiento de nuestros derechos consagrados en la normativa nacional e internacional. Las organizaciones de y para personas con discapacidad continuaremos luchando por los derechos de nuestro sector que tantos años de luchas y sacrificios nos han costado.