Organizaciones aglutinadas en la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, exigen al Estado salvadoreño el cumplimiento de la vigente Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad, ya que desde enero del presente años ésta entró en vigencia. Dicha Ley se vuelve un instrumento jurídico armonizado con la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad vigente en El Salvador desde hace trece años.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Especial de Inclusión son un cambio de percepción acerca de la persona con discapacidad, reconociéndola como sujeto de derechos.
Las personas con discapacidad reconocemos que en El Salvador por fin la labor de incidencia política ha dado frutos, con la Ley, sin embargo, exigimos lo siguiente:
- A la Asamblea Legislativa que inicie un proceso de armonización de las normativas nacionales conforme a la Convención sobre Derechos de Personas con discapacidad y a la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad,
- Que la Asamblea Legislativa cree los mecanismos necesarios para que la Comisión de Hacienda vigile el cumplimiento del artículo 10 referido a la asignación presupuestaria por parte de las instituciones gubernamentales en Cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad
- Que la Asamblea Legislativa solicite informes, a las instituciones del Órgano Ejecutivo sobre la asignación presupuestaria para cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad.
- Que la Asamblea Legislativa se abstenga de modificar la antigua Ley del FODES, ya que es una posibilidad de fuente de financiamiento de las alcaldías municipales para el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad
- Al Presidente de la República, Nayib Bukele y a su gabinete de gobierno, a que adopte medidas concretas para que los ministros-as y vice ministros-as asuman con responsabilidad su rol dentro del CONAIPD y que se elabore a prontitud la Política Nacional de Inclusión, y los reglamentos necesarios para la aplicación de la Ley Especial de Inclusión.
- Al Ministerio de Hacienda, al momento de elaborar la política presupuestaria correspondiente al año fiscal que incorpore los lineamientos respectivos los cuales serán de estricto cumplimiento para que las instituciones públicas asignen presupuesto de la Ley Especial de Inclusión.
- Al Ministerio de Salud, a que fortalezca y amplíe políticas y programas de rehabilitación y habilitación integral adoptando la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, con el fin de generar la inclusión de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
- Al Ministerio de Educación, a que desarrolle una política de educación inclusiva para que en todas las escuelas del país y cumpla con lo establecido en la Ley de Inclusión.
- Al Ministerio de Trabajo, asegurar el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en ámbitos públicos como privados, en entornos laboral inclusivo, con dignidad, accesibles sin discriminación.
- Al Ministerio de Cultura e INDES, asignar un presupuesto específico para desarrollar programas culturales y deportivos en las zonas rurales del país.
- Al sistema de Administración de justicia garantizar los ajustes necesarios promoviendo el acceso a la justicia, el reconocimiento de la capacidad jurídica principalmente mujeres y niñas con discapacidad.
Finalmente, un llamado a la población en general a cambiar todas y todos hacia una sociedad más inclusiva y continúen apoyándonos en nuestras acciones de incidencia.
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