Según la Encuesta Nacional realizada en el 2015, existen 463,075 personas que poseen discapacidad, de estos el 52.5% tienen serias dificultades para utilizar el transporte público.
Algunos aspectos positivos logrados por la presión e incidencia de los grupos de personas con discapacidad, es la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual mandata que “deben reservarse espacios de estacionamiento para las personas con discapacidad”; y el Reglamento General de Transporte Terrestre del 2014, establece que “vehículos de transporte público deben estar equipados con una plataforma elevadora o rampa plegable para facilitar su utilización por los pasajeros en silla de ruedas”.
La reciente Ley Especial de Inclusión, aprobada en la Asamblea Legislativa, reconoce a las personas con discapacidad el derecho a la movilidad con la mayor independencia y autonomía por lo que es obligación del Estado tomar medidas efectivas para logara la accesibilidad en el entorno físico como en el transporte, con la información, las comunicaciones y también en otros servicios como instalaciones públicas y privadas de atención al público.
No obstante, en el sector de personas con discapacidad aún existen motivos de preocupación , como los siguientes:
- Las mujeres y niñas con discapacidad no han sido incluidas en los programas de igualdad de género por los proveedores de servicios públicos y no han incorporado la perspectiva de género y discapacidad en su labor.
- La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres no incluya la perspectiva de mujeres y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial.
- La escasez de medidas para mejorar la accesibilidad en el transporte público, infraestructura física y de las comunicaciones.
- La falta de transporte público accesible en zonas rurales
- La falta de capacitación de los empresarios del transporte público y las limitadas sanciones en caso de infracción.
Por lo anteriormente mencionado, las organizaciones aliadas al Comité Unido por los Derechos de Personas con Discapacidad CUDIPD, AMUCES, ANCIESAL y CESTA presentan las siguientes demandas al Viceministerio de Transporte:
- Realizar consultas a las organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad en la formulación de políticas y programas, incluidos los que combaten la violencia de género, en el transporte público en los ámbitos urbano y rural.
- Incrementar el número de rutas de transporte accesibles para las personas con discapacidad, en particular en zonas rurales, prevea asignación presupuestaria suficiente para equipar el transporte público con elementos de accesibilidad.
- Fomentar conductas y procedimientos adecuados para que las personas con discapacidad visual no sean discriminadas en las paradas al momento de abordar un autobús o cuando estas no vayan acompañadas de otra persona y cumplan la norma de manejo de la puerta del autobús.
- Desarrollar programas de forma permanente para que motoristas de buses y microbuses, se interesen en el bienestar, buen trato y comodidad de las personas con discapacidad y la población en general.
- Generar condiciones en las vías y aceras para que las personas vulnerables como: personas con discapacidad, peatones y ciclistas puedan transitar de manera segura.
- Señalizar las vías sobre el respeto a personas con discapacidad, peatones y ciclistas y su derecho a la movilidad.
- Revisar y emitir multas cuando se eliminen los asientos y rampas asignados para personas con discapacidad, adulto mayor y la diversidad social.
- Cumplir lo establecido en Ley Especial de Inclusión en relación a la toma de medidas para la accesibilidad al transporte público.
- Solicitar al Presidente de la República Reformas de Ley al Transporte público con enfoque de género y derechos de las personas con Discapacidad.
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