Las organizaciones de y para personas con discapacidad, se hicieron presente hasta Casa Presidencial para exponer diversas demandas conforme a las obligaciones del Órgano Ejecutivo en el cumplimiento de sus derechos.
Ellos y ellas aseguran estar ejerciendo su derecho legítimo consagrado en la Constitución de la República en su artículo seis “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos”.
La Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad es el punto de partida que obliga a todas las instituciones que conforman los órganos del Estado, la asignación de presupuestos específicos para el cumplimiento de derechos humanos y concretamente para los derechos humanos de las personas con discapacidad.
